Comienza con el período de militarismo en 1876, tras un caos político presidido por la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio; más adelante se produce una segunda modernización en el siglo XX con las reformas impulsadas por José Batlle y Ordóñez.

El 10 de marzo de 1876 se efectuó una amplia reunión de comerciantes,  hacendados y extranjeros residentes,  que ante las graves crisis que enfrentaba el país, debido en gran parte a la inoperancia de los gobiernos democráticos para solucionarla,  decidieron ofrecerle el poder al Ministro de Guerra Coronel Lorenzo Latorre. Éste aceptó y tomó el poder como "gobernador provisorio". No se realizaron elecciones, por lo tanto fue un gobierno al margen de la Constitución.

Latorre no desarrolló un gobierno a favor de la clase militar, tampoco a favor de uno u otro partido. Sin embargo,  fue un gobierno con importantes cantidades de autoritarismo, que le ayudaron a consolidar un Poder Central capaz de encarrilar al país en las normas necesarias para el desarrollo de una economía moderna.

El militarismo significó desde el aspecto político, la sustitución de las facciones tradicionales (blancos y colorados), por el gobierno de los grupos de presión más fuertes en lo económico, aliados al grupo de presión más fuerte en el poder real y coactivo del Estado: el ejército. Para consolidar la estabilidad política del país Latorre se basó en los progresos técnicos de la época.

Los objetivos principales del régimen Latorre fueron fortalecer el poder del Estado, consolidar la estabilidad política del país, la paz interna y el orden (en la campaña, sobre todo) y afirmar el derecho a la propiedad privada.

Los fusiles Mauser y Remington le dieron al ejército un poder incontrastable e inalcanzable a los revolucionarios por su costo. La importancia del telégrafo radica en la velocidad para transmitir información hasta los lugares más alejados de la capital, y el ferrocarril permitió el rápido traslado de tropas, para sofocar las revoluciones.

También se produjo una modernización en el aparato jurídico sustituyendo a los alcaldes por jueces letrados departamentales. Simultáneamente se aprobaron los Códigos de Procedimiento Civil e Instrucción Criminal en 1878, así como el Código Rural y la creación del Registro de Embargos e Interdicciones. En 1879 se aprobó la Ley de Registro de Estado Civil, con la cual pasó a manos del Estado una función realizada hasta el momento por la Iglesia. Los juzgados de Paz, comenzaron a llevar cuatro registros: de nacimientos, de defunciones, de matrimonios y de reconocimientos y legitimaciones.

En materia económica y para mejorar las condiciones del campo, Latorre se aseguró de consolidar el derecho a la propiedad privada mediante el Código Rural de 1879, que establecía la medianería obligatoria, lo que le dio un enorme impulso al cercamiento de los campos. Estableció la Oficina General de Marcas y Señales en la que debían solicitarse las marcas de ganado para evitar repeticiones y fraudes y asegurar la propiedad del mismo. Otra medida que se implantó como ayuda para consolidar el orden interno en la campaña, fue la autorización dada a los grandes propietarios para establecer policías particulares a cargo del comisario.

El alambre consolidó el régimen vigente de la propiedad de la tierra. En segundo término, eliminó al minifundista ganadero y provocó la primera gran desocupación en el país al eliminar el trabajo de muchos peones, agregados y puesteros. Esto provocó el éxodo rural y su concentración en los suburbios de los poblados, de ciudades del interior y en Montevideo, dando origen a lo que se empezó a conocer como rancheríos.

Una de las reformas más importantes durante el gobierno del Coronel Latorre fue la educativa, propuesta a José Pedro Varela, quien se encontraba a la vanguardia en materia de las nuevas corrientes pedagógicas.

Latorre abrió cauce a la efectivización de los proyectos varelianos, una situación que el historiador Enrique Méndez Vives en "El Uruguay de la Modernización" señala como paradojal, habida cuenta de las características del régimen. Por su parte, Varela entendía que la reforma educativa contribuiría a la eliminación de gobiernos semejantes en el futuro.

"La escuela es la base de la República; la educación, la condición indispensable de la ciudadanía. Todas las grandes necesidades de la democracia, todas las exigencias de la República, sólo tienen un medio posible de realización: educar; educar; siempre educar...".

El decreto ley de la Enseñanza Común fue aprobado el 24 de agosto de 1877. Estableció tres principios básicos, que hasta hoy siguen presentes. La educación ha de ser: gratuita, obligatoria y laica. Los dos primeros principios pudieron ser llevados a cabo sin grandes dificultades. El freno estuvo en el aspecto de la laicidad. Entonces Varela propuso, como transición, que el catolicismo fuera enseñado a los alumnos cuyos padres así lo solicitaran.

Más que reformar, Varela creó un sistema educativo. Dio contenidos científicos a los programas de estudio; seleccionó personal docente dando amplia participación a la mujer; implantó la descentralización administrativa, procurando la participación popular en el mejoramiento de la escuela pública.